Redacción. Una hondureña denunció este miércoles a las autoridades de la Dirección Departamental de Educación de Copán, luego de que presuntamente le negaran la matrícula escolar a sus dos hijos menores de edad, quienes recientemente fueron deportados de Estados Unidos junto a ella.
La mujer, identificada como Ericka Castillo, visiblemente molesta, relató a medios locales que tras su retorno al país intentó matricular a sus hijos en el centro educativo Álvaro Contreras, pero la inscripción se les negó.
Según explicó, las autoridades del colegio la remitieron a la Dirección Departamental de Educación para exponer su caso; sin embargo, la respuesta tampoco fue favorable.
“Acabo de llegar de Estados Unidos (EEUU), mis hijos nacieron aquí, pero me están diciendo que mis niños no pueden estudiar… No es justo, me están pidiendo papeles apostillados (autenticados) de donde ellos estudiaron en Estados Unidos”, explicó.
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Castillo agregó que el director del centro educativo le indicó que sus hijos debían acreditar determinado nivel académico, requisito que —asegura— cumplen sin dificultad, ya que han cursado sus estudios con normalidad e incluso dominan el idioma inglés.
Ericka también denunció que en el centro educativo discriminaron a su hijo mayor por portar un tatuaje en la mano.
“Mi hijo trae un tatuaje en la mano, pero eso no lo hace delincuente. En Estados Unidos es muy común que los jóvenes tengan tatuajes, no es justo”, recalcó.
La madre lamentó que no se le brinde la posibilidad de inscribir a sus hijos, pese a que nacieron en Honduras.
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Asimismo, señaló que no puede autenticar la documentación académica emitida en Norteamérica, ya que no tiene posibilidad de regresar a Los Ángeles, California, para realizar esos trámites.
Finalmente, sostuvo que la educación es un derecho fundamental y que las autoridades no deben negarles ese derecho ni a sus hijos ni a ningún hondureño que regrese al país deportado. Hasta el momento, las autoridades educativas no se han pronunciado sobre el caso.
Lo sucedido vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de establecer mecanismos de matrícula escolar más flexibles y ágiles para niñas, niños y adolescentes retornados, a fin de garantizar su reintegración educativa sin trabas administrativas que vulneren su derecho a la educación.
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