Un nuevo paquete de reformas penales busca aprobación en el Congreso Nacional y contempla otorgar nuevas facultades a las autoridades para combatir a las maras y pandillas. ¿De qué tratan las propuestas?
El paquete de reformas contempla la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en inmuebles vinculados con maras y pandillas, según lo planteado por las autoridades.
Además, se busca que los tatuajes vinculados a estructuras criminales puedan utilizarse como elementos de prueba y que las personas condenadas por terrorismo cumplan la totalidad de sus penas, sin acceder a beneficios penitenciarios.
Las medidas forman parte de la estrategia de las autoridades para endurecer la persecución penal contra estructuras criminales declaradas organizaciones terroristas, entre ellas la Pandilla 18, la Mara MS-13 y el Cártel del Diablo.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal están pendientes de la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, manifestó su confianza en que puedan ser aprobadas durante esta semana.
“Cuando se esperan órdenes judiciales para realizar allanamientos, pueden pasar una o dos semanas y, cuando llega la autorización, estas personas ya se han esfumado. La reforma busca actuar de inmediato donde haya información sobre sus viviendas u operaciones y después someter el procedimiento a los tribunales”, manifestó Zambrano.
Sobre el uso de tatuajes vinculados a estructuras terroristas como elementos de prueba pericial, Zambrano explicó que, de aprobarse la reforma, los técnicos de seguridad tendrían que determinar si las marcas están relacionadas con estos grupos criminales.
“Con los tatuajes, de acuerdo con los peritajes de los técnicos de seguridad que determinen que son alusivos a estos grupos terroristas, se busca contar con prueba suficiente para procesarlos por terrorismo”, sostuvo Zambrano.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró organizaciones terroristas a tres estructuras criminales que operan en Honduras: la Pandilla 18, la Mara MS-13 y el Cártel del Diablo.
Poco después, el Congreso Nacional aprobó una ley para endurecer las penas contra los grupos terroristas. En los centros penales también se redujeron los privilegios de los reclusos, con restricciones al contacto físico durante las visitas y al tiempo destinado a salir al patio para tomar el sol, entre otras medidas.
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