
Redacción. La Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y las policías municipales podrán eliminar grafitis, dibujos y símbolos vinculados con maras, pandillas y otras estructuras criminales, de acuerdo con los artículos 7 y 8 del paquete de reformas penales que se discute en el Congreso Nacional.
La propuesta también establece procedimientos para intervenir en propiedades privadas y faculta a las autoridades a actuar sin orden judicial previa en espacios públicos o lugares de libre acceso. El alcance de estas medidas forma parte de los cambios impulsados para combatir a las estructuras criminales.
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Cuando los símbolos aparezcan en bienes públicos o lugares de libre acceso, los cuerpos de seguridad podrán actuar de oficio o por denuncia, sin necesidad de obtener previamente una orden judicial.
En el caso de propiedades privadas, el propietario, poseedor o administrador tendrá un plazo máximo de 24 horas para eliminar las expresiones visuales. Si se niega, no actúa o enfrenta una imposibilidad para hacerlo, las autoridades podrán proceder al borrado o destrucción y dejar constancia escrita o fotográfica.
El articulado también permite solicitar apoyo de personal municipal, empresas de servicios públicos o voluntarios debidamente identificados. Estas personas deberán actuar bajo la dirección y supervisión de la autoridad policial o militar competente.
Además, los cuerpos de seguridad tendrán que documentar sus intervenciones mediante fotografías o videos y remitir informes a sus superiores. La eliminación de los grafitis no impedirá investigar penalmente a quienes los colocaron.
Las disposiciones forman parte de un paquete más amplio que incluye cambios al artículo 587 del Código Penal. El texto compartido contempla que los tatuajes, símbolos, signos y expresiones visuales característicos de maras, pandillas u otras estructuras criminales puedan utilizarse para acreditar la pertenencia a estas organizaciones, siempre que se determinen mediante peritajes técnicos especializados o matrices de asociación reconocidas por las autoridades competentes.
El paquete también propone aumentar las penas por asociación terrorista y modificar procedimientos penales y penitenciarios. El 27 de octubre de 2026, la Comisión Especial emitió dictamen favorable y el proyecto fue sometido a consideración del pleno legislativo.
El alcance de las medidas sobre propiedades privadas y la actuación sin orden judicial plantea interrogantes sobre las garantías legales aplicables. Su aplicación dependerá del texto definitivo aprobado y de su entrada en vigencia.
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